¿Igualdad ante la ley?

"ESPAÑA.

La Fiscalía ve constitucional que los hombres maltratadores reciban mayores penas que las mujeres.
Conde Pumpido asegura que «las féminas son objeto de agresiones en una proporción abrumadoramente superior a las que ellas ocasionan.»
A. TORICES/COLPISA. MADRID

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en un informe solicitado por el Tribunal Constitucional, defiende la legalidad del nuevo artículo del Código Penal que prevé un agravamiento de las penas por agresión o maltrato siempre que el autor sea un varón y la víctima su actual o pasada compañera sentimental.

El informe servirá al tribunal para estudiar la cuestión de inconstitucionalidad presentada por una juez de Murcia, que considera que el establecimiento de diferencias de penas por sexos en el Código Penal puede suponer «un coste fáctico inasumible para los valores constitucionales». La magistrada planteó su duda de constitucionalidad antes de tener que dictar sentencia en un juicio contra un hombre que empujó y tiró con fuerza de la orejas a su mujer, para el que el fiscal pide una condena de un año y diez meses de cárcel.

Conde-Pumpido, firmado por él mismo, mantiene que en este caso no es de recibo invocar la vulneración del artículo 14 de la Constitución -la igualdad de todos los españoles-, porque el sexo de los miembros de la pareja «carece en la realidad social de neutralidad», como lo demuestra el hecho de que «las mujeres son objeto de agresiones de toda índole en una proporción abrumadoramente superior a las que ellas ocasionan».

El fiscal general señala que la reforma del Código Penal, aprobada con motivo de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, sólo responde a un problema de «una gravedad extrema», que reflejan con claridad las estadísticas del Poder Judicial que acreditaron en 2004 que las mujeres son el 90,2% de las víctimas de agresiones y el 94% de las víctimas protegidas por órdenes de alejamiento.

Justificación

El máximo responsable del Ministerio Público defiende que todas las medidas contenidas en la ley integral tienen una «indudable justificación» porque resulta evidente que en España el agresor es el varón y la víctima la mujer. Conde-Pumpido destaca, sin embargo, que, pese a la evidente necesidad de una discriminación positiva y de un agravamiento de las penas, los jueces tienen en el Código Penal un abanico bastante de posibilidades para ajustar la condena a las circunstancias concretas del delito -cárcel, trabajos para la comunidad, privación del permiso de armas, etc-.

Entiende que esta variedad a la hora de elegir la sanción posible para cada caso hace que «las consecuencias de la disparidad normativa (agravamiento por sexo), en modo alguno, estén carentes de proporcionalidad»."

Fuente: Sur Digital.

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